La Evolución del Derecho Ambiental: Un Balance entre Desarrollo y Naturaleza

A lo largo de los años, nuestro país y el mundo entero han sufrido los efectos de la degradación ambiental: la deforestación, la pérdida de biodiversidad, la sobreexplotación de recursos no renovables, y la contaminación del agua y el aire. Como respuesta a estas problemáticas, el derecho ambiental ha ganado relevancia al consolidarse como la disciplina encargada de regular la interacción entre el ser humano y la naturaleza. Esta rama del derecho establece normas específicas para el uso, manejo y explotación de los recursos naturales, buscando siempre garantizar su sostenibilidad a largo plazo.

Desde los inicios de la humanidad, el ser humano ha utilizado los recursos naturales. En épocas primitivas, se vivía en armonía con el entorno, usando los recursos de forma sostenible y respetuosa. Sin embargo, con el tiempo, especialmente desde la consolidación del derecho romano, se introdujo el concepto de propiedad de la tierra, que posteriormente fue reforzado con la Revolución Francesa. A medida que el impacto de la actividad humana sobre el medio ambiente se volvió evidente, surgió la necesidad de regular el uso de los recursos naturales para su preservación, dando lugar a la creación de un marco jurídico ambiental.

En Colombia, la legislación ambiental comenzó a desarrollarse con la Ley 23 de 1973 y ha evolucionado significativamente hasta la Constitución de 1991. Esta ha sido reconocida como una "carta verde" debido a su firme compromiso con la protección del medio ambiente. El artículo 79 de la Constitución consagra la obligación de proteger el ambiente, preservando la diversidad e integridad ecológica del país.

Uno de los pilares del derecho ambiental colombiano es la Ley 1333 de 2009, que establece un régimen sancionatorio para investigar y penalizar los daños causados al medio ambiente. El Estado, comprometido tanto con el desarrollo como con la conservación, exige que cualquier obra o actividad cuente con las licencias o autorizaciones ambientales correspondientes. De lo contrario, los responsables pueden enfrentarse a sanciones administrativas, siempre garantizando el debido proceso.

Si una entidad territorial expide una resolución que afecta el desarrollo de una actividad que cumple con la normatividad ambiental, y si el contratista ha obtenido los permisos necesarios, es posible impugnar dicha resolución mediante el control de nulidad y restablecimiento del derecho.

En MPS Abogados SAS, estamos convencidos de que el desarrollo es esencial para el progreso de un país, pero debe lograrse de manera responsable. Creemos en un equilibrio entre el ser humano y la naturaleza, ya que esta última es la fuente primordial de vida. Por eso, contamos con un equipo de profesionales capacitados para ofrecer una defensa adecuada en todas las áreas del derecho, con un enfoque especial en el ámbito ambiental.